Sesión de la Asamblea Nacional
2 de junio de 2020
La Ley de Solicitud Civil responsabiliza al incumplimiento
Las entidades públicas y privadas con capitales mixtos que se niegan a ejecutar la Requisición Civil, por parte del Estado, en situaciones excepcionales, deben ser consideradas civil, disciplinarias y penalmente responsables.
Tal suposición está contenida en la Propuesta de Ley de Solicitud Civil, aprobada este lunes, en particular, por unanimidad, por las comisiones especializadas de trabajo de la Asamblea Nacional (AN).
El documento, que pasará a la votación global final en los próximos días, establece los principios, reglas y procedimientos que regulan el mecanismo para apelar y ejecutar la Requisición Civil por parte del Estado.
La Requisición Civil es el mecanismo que permite al Estado recurrir a entidades públicas y empresas privadas con capitales mixtos, para garantizar el funcionamiento regular de los servicios o la disponibilidad de bienes esenciales para el interés público de sectores vitales de la economía nacional en situaciones excepcionales.
La Secretaria de Estado de Derechos Humanos y Ciudadanía, Ana Celeste Januário, dijo que este es un mecanismo legal previsto en el artículo 37 de la Constitución.
Aclaró que el Diploma establece responsabilidad disciplinaria, civil y penal para los trabajadores en empleo activo, especialmente en situaciones de desobediencia.
Dio a conocer que la Ley de requisición civil limita, de alguna manera, el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los ciudadanos.
Dentro del alcance de este diploma, la intervención de las Fuerzas Armadas de Angola o la Policía Nacional (PN) en el proceso de requisa civil es progresiva.
Por otro lado, el personal que se encuentra en situación militar de disponibilidad o que tiene licencia para retirarse puede ser llamado al servicio efectivo mientras se mantenga la solicitud, cometiendo el delito de deserción en caso de incumplimiento.
Según los términos de la Constitución, el Presidente de la República ejerce los poderes para la Requisición Civil, pero el proyecto de ley establece que este último, como Titular del Poder Ejecutivo, delega poderes reguladores en relación con un tema puntual o específico.
Expropiación para utilidad pública
Las comisiones especializadas de la AN también aprobaron, en la especialidad, la Ley Propuesta de Expropiaciones para Servicios Públicos.
El Proyecto de Ley cumple con los principios relacionados con el respeto de la propiedad y otros derechos reales, por lo que, en sus términos, solo es admisible a la expropiación siempre que tenga como objetivo perseguir un interés con utilidad pública y a través de una compensación justa y rápida.
A lo largo del debate, el diputado David Mendes, de la UNITA, defendió la necesidad de no expropiar tierras comunitarias.
La diputada França Van-Dúnem, del MPLA, dijo que es necesario aclarar bien la definición de expropiación que efectivamente beneficia a un elemento de utilidad pública.
Ella entiende que es necesario que la comunidad tenga un título de propiedad, "porque, de lo contrario, habrá personas que se aprovecharán de esta situación para aprovechar los activos de la comunidad".