1ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Política Social del Consejo de Ministros
22 de marzo de 2022
El Gobierno prevé adjudicar unas 6.000 viviendas este año
El Estado angoleño, a través del Ministerio de Obras Públicas, tiene previsto entregar este año unas seis mil viviendas en varias provincias y zonas del centro del país.
La información la ha hecho pública hoy, lunes, el secretario de Estado de Fomento, Carlos Santos, al término de la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Política Social del Consejo de Ministros.
Según Carlos Santos, el proceso comenzó en 2021 con la distribución de 6.000 casas, por lo que continuará este año y se espera que abarque las centralidades de Zango 0 (Vida Pacífica), Sequele (Maye Maye), en Luanda y Praia Amélia (Namibe).
“El proceso de entrega de casas empezó el año pasado, este año pretendemos volver a entregar, pero primero hay que mirar las condiciones de infraestructura de las centralidades”, dijo.
En el ámbito de las carreteras, Carlos Santos dijo que, hasta 2021, se habían asfaltado más de 150 kilómetros de carreteras en las nacionales 100, 120, 225 y en la 230.
Durante la reunión, la Comisión de Política Social valoró el informe anual sobre la ejecución del Programa Integrado de Desarrollo Local y Lucha contra la Pobreza, referente al año 2021.
El documento destaca la integración de 64.903 personas en actividades generadoras de ingresos, el empoderamiento de 15.826 mujeres, la capacitación de 2.603 agentes de desarrollo comunitario y de sanitario (ADECOS) y el apoyo a 239.821 agricultores con insumos agrícolas.
Sobre el tema, recomendaron la elaboración de una síntesis analítica más que descriptiva, destacando los datos de incidencia del programa.
La Comisión fue informada del balance de los planes del departamento ministerial de Enseñanza Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa Nacional y Veteranos de la Patria y Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
En la reunión también se consideraron los diplomas que establecen el régimen aplicable a las tasas y aranceles a cobrar por las instituciones de formación profesional públicas y participativas bajo la tutela del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el fin de cubrir los costes operativos inherentes a su funcionamiento.
La Comisión también recomienda que los actos de vandalismo contra la propiedad pública sean denunciados y sancionados ejemplarmente, instando a la educación patriótica y cívica de los ciudadanos a abstenerse de tales actos.