22 de Julio de 2024

Así es la ley que prepara Sánchez para obligar a los medios de comunicación a destapar quién les financia

El Gobierno, tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, prepara una normativa para transponer el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado en mayo y que obliga a todos los países a su puesta en marcha antes de agosto de 2025. Este reglamento busca garantizar la pluralidad informativa e independencia de la prensa, así como incrementar la transparencia de la misma obligando a destapar quién o quiénes son los dueños reales de los medios o los que toman las decisiones, así como la procedencia de los fondos públicos recibidos, ya sean nacionales o del extranjero. Así son las obligaciones que impone Europa.

Dueños y financiación

La norma obligará a los medios de comunicación a informar a sus usuarios sobre quiénes son sus dueños reales y toman decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta de una autoridad pública. También comunicarán el importe anual que reciben en publicidad pública o cualquier otro tipo de fondos procedentes de la Administración española o de países extranjeros.

Medios públicos

Los nombramientos de los directivos de los medios de comunicación públicos, como RTVE, así como los de los miembros del consejo de administración se tendrán que hacer bajo criterios objetivos y transparentes y que tengan como finalidad garantizar la independencia editorial del medio. Asimismo, el Gobierno debe asegurar que los medios públicos tengan financiación suficiente para que sean independientes.

Protección de fuentes

El Reglamento garantiza la protección de las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales, prohibiendo que se obligue a compañías o periodistas a revelarlas, también vetando que se les vigile o que se instalen programas espías en sus dispositivos. No obstante, por "una razón imperiosa de interés general" o para investigar delitos con penas de cárcel como terrorismo, secuestro, estafa, corrupción o blanqueo, se podrán justificar las vigilancias o los programas espías, con revisión periódica de un juez.

Plataformas digitales

La norma obliga a las grandes plataformas digitales, como Google, a rendir cuentas si vetan la información de un medio de comunicación e insta a resolver el conflicto con celeridad y de forma amistosa.

Dispositivos

Los fabricantes de ordenadores, televisiones, móviles u otros dispositivos deberán garantizar que el usuario puede personalizarlos para fijar en ellos los medios de comunicación que sigue.

Fusiones

El Estado tendrá que desarrollar una norma para analizar las concentraciones entre medios con el objetivo de garantizar el pluralismo y la independencia editorial. Los medios deberán informar a las autoridades nacionales -en el caso de España, previsiblemente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- de la operación para que puedan evaluarla. Se tendrán en cuenta las repercusiones de la fusión como los efectos en la formación de la opinión pública o en la diversidad de prensa. Se analizará si los medios pueden ser económicamente sostenibles si no se funsionan y, en caso contrario, se estudiará si existen alternativas para garantizar la solvencia sin concentración.