26 de Julio de 2024

El 'Govern' fracasa con su medida estrella para reindustrializar la economía

Uno de los principales retos de la economía catalana y, por ende, de la acción del Govern, es el reimpulso de la actividad manufacturera en la comunidad. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto que la industria suponga el 25% del PIB catalán en 2030.

Entre las medidas desplegadas para alcanzar este objetivo se hallan los llamados proyectos estratégicos. Esta figura se introdujo en un decreto de 2022 para agilizar los trámites administrativos de aquellas empresas dispuestas a realizar inversiones en el territorio.

La propuesta era seductora: reducir hasta los nueve meses los plazos ordinarios de ejecución para ahorrar así a los promotores hasta 390.000 euros de media en papeleo. En los últimos años, la reducción de la burocracia ha sido una demanda constante del tejido productivo, especialmente en materias como el urbanismo y el medio ambiente.

Sin embargo, la adopción de este mecanismo ha sido más bien decepcionante. Según los datos recabados por elEconomista.es, solo 18 empresas han solicitado este estatus desde su aprobación. De estas, 14 han superado los requisitos para ser calificadas como proyectos estratégicos, de las cuales a su vez tan solo 12 siguen activas.

Un balance que empaña la voluntad del consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, de convertir esta vía en un catalizador de inversiones industriales en la región, sobre todo en ámbitos transformadores de la economía. En declaraciones a este medio, un portavoz del departamento califica "el decreto que despliega la ley de facilitación de la actividad económica" como una "herramienta clave para la competitividad y la capacidad de atracción de inversiones productivas". Por razones de confidencialidad, la consejería no revela las características ni los nombres de los expedientes que han merecido esta tipificación.

Bloqueo municipal

Entre las posibles causas de la escasa acogida de este instrumento se halla la fuerza de veto de los municipios. Desde el think tank Ostrom se recuerda que "el decreto de despliegue de la ley de facilitación de la actividad económica da a los entes locales la capacidad de veto para clasificar un proyecto como estratégico". "Convendría revisar este precepto", expresa un portavoz del laboratorio de ideas liberal. Otras fuentes sondeadas apuntan que la priorización de determinados expedientes en una fase inicial, en función de su inversión mínima y generación de ocupación, ha complicado la captación de proyectos.

Ostrom ha sido una de las entidades que más ha luchado en Cataluña a favor de la simplificación burocrática. Pese a que la asociación considera que la ley funciona bien en los estratos administrativos donde se aplica, detecta un coladero en las administraciones más cercanas al ciudadano. "El problema es que si necesitas una licencia de obras municipal o un cambio en el planeamiento urbanístico, vas al ayuntamiento en el mejor de los casos y, en el peor, al consejo comarcal. Y allí no hay una ventanilla única empresarial", se lamentan.

"La figura del proyecto estratégico es necesaria porque el marco regulador es tan complejo que resulta prácticamente imposible atraer proyectos de alto impacto. Lo que hay que cuestionar es si los timings del fast track realmente no podrían ser los habituales", reflexiona.

Luces y sombras

Al margen de esta medida, la Generalitat reeditó a finales de 2022 el Pacto Nacional por la Industria (PNI), dotado de 3.270 millones de euros hasta 2025, después de que el último plan no cumpliera con las expectativas. El pasado abril, el Govern informó que ya se habían ejecutado 1.400 millones en diferentes líneas de ayudas que van desde la transición energética hasta la digitalización.

Los agentes sociales aún se muestran prudentes sobre los efectos del PNI. Aunque es cierto que Cataluña se mantiene como motor industrial en España con el 21,8% de la producción, según el Consejo General de Economistas, el mandato de ERC ha estado marcado por el desmantelamiento de la histórica fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Le han seguido otros cierres como los de Bosch, Danone, Bimbo y Mahle. La otra cara de la moneda la han dado la inversión de Seat para electrificar su planta en Martorell o los 1.200 millones de la coreana Lotte Energy en Mont-roig del Camp.

Adiós a la fábrica

En 1955, más del 40% del PIB catalán se debía a la industria. En 2021, esta cifra se había reducido al 17%, según las series históricas de BBVA Research. La actividad manufacturera se ha visto remplazada en la comunidad por dos grandes motores: el turismo y la economía digital. Según el departamento de estudios de BBVA, el comercio, la hostelería, el turismo y las comunicaciones han pasado en este periodo del 16,8% al 26,8% del PIB autonómico. Y según Ctecno, las empresas TIC ya generan el 9% de la riqueza en Cataluña.