26 de Septiembre de 2023

Plazo de actualización de carrera ampliado hasta junio del próximo año

El Memorándum de Actualización de Carrera de los Servidores Públicos del Régimen General fue prorrogado hasta el 31 de junio del próximo año, según Orden Conjunta nº 4994/23, publicada en el Diário da República, el día 6.

Se amplió el Memorando de Entendimiento entre el Ejecutivo y la Federación de Sindicatos de la Administración, Salud y Servicios Públicos para completar el proceso de actualización de carrera, para garantizar la protección de los derechos de los empleados acogidos.

La Orden Conjunta también señala que el plazo podrá ampliarse por un período igual de tiempo, siempre y cuando se mantengan los objetivos.

El proceso de actualización de carrera de servidores públicos ya permitió calificar a 26.056 trabajadores. Sólo están cubiertos los empleados que formaron relación con la Administración Pública hasta el año 2012.

Las dudas y omisiones derivadas de la interpretación y aplicación de la Orden son resueltas por los Jefes de los Departamentos Ministeriales, responsables de Hacienda Pública, Administración Pública, Trabajo y Seguridad Social y Administración Territorial.

La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, Amélia Varela, durante la presentación del balance del sector, dijo que el memorando espera beneficiar a 41.441 servidores públicos del régimen general, señalando que uno de los retrasos en la conclusión del proceso se debe a la falta de documentos sobre vinculación contractual y Certificados de Cualificaciones Literarias para servidores públicos.

Amélia Varela dijo que las carreras directivas del régimen general del Servicio Público cuentan con 92 mil 972 empleados, de los cuales el 23.25 por ciento son del régimen especial.

El ministro explicó que el proceso de actualización de carreras sigue tres fases, siendo la primera la que beneficia a los empleados que están en camino a la jubilación.

En la segunda fase, dijo, se incluirán los empleados con más de 20 años de servicio efectivo, tomando en cuenta el nivel académico, y en la tercera y última fase, aquellos que lleven 10 o 20 años sin ascenso.

El ministro informó que el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGFE) del Estado controla a 811.991 empleados públicos, de los cuales 399.820 pertenecen a la Administración Pública.

En relación a los servidores públicos, el Secretario de Estado destacó que la Administración Central controla a 47.579 empleados y la Administración Local a 352.241.

Amélia Varela también mencionó que el mayor número de empleados públicos se registra en los sectores de Educación y Salud, con 46,3 y 18,1 por ciento, respectivamente.

Reforma Administrativa

En relación al Programa de Reforma de la Administración Pública, Amélia Varela destacó que permitió regularizar las relaciones laborales precarias y la inclusión masiva de los empleados en el marco definitivo de la función pública, en los términos del artículo 133 de la citada Ley, en conjunto con su reglamento, previsto en el Decreto Presidencial nº 85/23, de 29 de marzo.

Destacó que a través de la Ley Orgánica del Servicio Público se logró reducir en un año el período de prueba para pasar al puesto definitivo en el Servicio Público, que antes era de cinco años.

El PREA, a través de la Ley Orgánica del Servicio Público, permitió eliminar la edad máxima de ingreso al Servicio Público, que antes era de hasta 35 años.

Agregó que los empleados, con el fin de motivarlos, además de los 22 días hábiles de vacaciones, tienen derecho a un aumento de tres días hábiles por cada diez años de servicio efectivamente prestados.

Aún en relación con las vacaciones, el empleado tiene derecho a recibir una compensación siempre que la entidad pública le impida tomar licencia disciplinaria, fuera del ámbito legal o contractual. Esta compensación equivale al triple de la remuneración correspondiente al período faltante.

La Ley Básica del Servicio Público permite el pago de un subsidio de aislamiento del 30 por ciento del salario base, un subsidio de instalación, correspondiente al 50 por ciento pagado en una sola cuota, un subsidio de alquiler de vivienda equivalente al 30 por ciento del salario.