30 de marzo de 2021
Discurso de Su Excelencia el Presidente de la República, en la inauguración del Año Judicial 2021
Es un honor para mí presidir la solemne ceremonia inaugural del Año Judicial 2021, aprovechando la oportunidad para saludar a todos los presentes.
Vicepresidente de la República,
- Presidente de la Asamblea Nacional,
-Señor presidente del Tribunal Supremo,
-Señores de los Tribunales Superiores,
-Señor Fiscal General, -Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
-Señor Defensor del Pueblo,
-Último Presidente del Colegio de Abogados de Angola,
-Señores Presidentes de Grupos Parlamentarios,
-Líderes Eclesiásticos Ilustrados,
-Señores Jueces y Fiscales,
-Invitados ilustrados,
-Señoras y señores,
Es un honor para mí presidir la solemne ceremonia inaugural del Año Judicial 2021, aprovechando la oportunidad para saludar a todos los presentes.
Dirijo un saludo especial a los miembros de la prestigiosa familia de la Justicia en todo el país, con énfasis en el Poder Judicial y Fiscales, los Alguaciles, miembros de los órganos de instrucción penal, abogados y demás funcionarios de la justicia. Esta ceremonia se lleva a cabo en el contexto del COVID - 19, que ha sembrado muerte y dolor, por lo que aprovecho para solidarizarme una vez más con los afectados, reiterando mi firme compromiso de combatir esta pandemia.
Señoras y señores, El acto inaugural del Año Judicial es, por excelencia, el momento en que los diferentes actores judiciales se detienen a analizar el estado del Sistema de Justicia, evaluar el camino recorrido y reflexionar sobre las perspectivas, desafíos y dificultades que se encuentran en su manera. Al inicio del actual ciclo de gobernanza, el Ejecutivo estableció como eje central de acción el incremento presupuestario del Sistema de Justicia, otorgándole el grado de prioridad que se merece, en el proceso de construcción y consolidación del Estado de Derecho Democrático.
Un primer paso en esta dirección se dio con la reforma de la Bóveda General de los Tribunales y el nuevo modelo de asignación de ingresos. Con el mismo propósito, muy recientemente entró en vigencia el Decreto Presidencial que aprueba el Plan de Reembolso de los órganos de la Administración de Justicia, en relación con los bienes recuperados. Con la aprobación de este importante instrumento, ahora se canaliza el 10% de los ingresos netos a estos órganos, lo que aumenta su capacidad institucional, especialmente en materia de combate a la corrupción y la impunidad. De hecho, este proceso de construcción y consolidación es impensable sin un sistema independiente, imparcial, eficaz, ágil y capaz de plasmar plenamente la idea de tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia y la ley es un imperativo ineludible, para garantizar la protección de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o su condición social y económica. Es en este marco que, en el Año Judicial que acaba de concluir, se instituyó una nueva Comisión para la Reforma de la Justicia y el Derecho, con el fin de dar continuidad al Programa Ejecutivo en materia de políticas para el Sector Justicia, con especial énfasis en la capacitación de recursos humanos y mejora de sus condiciones laborales. Fruto del trabajo de esta Comisión, se están concluyendo importantes propuestas de diplomaturas jurídicas en los campos de Organización Judicial, Derecho Procesal Civil y Civil, Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo, Derecho Mercantil y Registros y Notarías.
Un hito importante en la historia del país fue la aprobación y entrada en vigor del nuevo Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal. Se trata de dos instrumentos modernos y fundamentales para dar respuesta a los desafíos actuales en el campo de la realización de la justicia penal, especialmente en lo que respecta a la prevención y represión del delito económico-financiero y la gestión pública. En el año judicial que acaba de finalizar, también se promulgó la Ley de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, otro instrumento legal de importancia para combatir la corrupción y la impunidad. También se aprobó la Ley de reforma de la Ley de Actualización de las Costas Judiciales y Tribunales de Tribunales, que por un lado delimita a través de la jurisdicción la competencia de los tribunales de primera y segunda instancia y, por otro lado, posibilita la asunción un instrumento para la realización de la autonomía administrativa y financiera de los Tribunales, mediante la creación de las bases para la implementación de la Cámara acorazada del Tribunal General, desvinculándola del Tribunal General de Justicia.
En el ámbito de la reforma judicial, se han logrado importantes avances en la implementación de los Tribunales de Apelación de Benguela y Lubango y algunos Tribunales de Distrito. El Tribunal de Apelación de Luanda está experimentando cierto retraso en la entrega de la infraestructura y su equipo, lo que esperamos pueda ocurrir pronto.
Con la apertura del Año Judicial, asumen sus funciones las Cortes de Apelaciones que acabamos de mencionar. En el ámbito del Programa de Mejoramiento del Entorno Empresarial, se creó la Sala de Propiedad Comercial, Intelectual e Industrial, un foro privilegiado para la resolución de controversias que puedan surgir de la actividad empresarial o en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Como parte de la implementación de la Sala en cuestión, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Régimen Jurídico de Recuperación de Sociedades e Insolvencia, con el fin de adecuar el marco legal a la dinámica del entorno económico actual. También firmamos, a través de la Carta de Adhesión nº 2/20 de 3 de marzo, nuestro compromiso con el cumplimiento del Protocolo de la Corte de Justicia de la Unión Africana, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de la Resolución nº 50/18 de 31 de diciembre. En términos de personal, cabe señalar que aproximadamente hemos duplicado el número de Fiscales Judiciales y Fiscales existentes desde el inicio de esta legislatura. En la misma línea, se acaba de abrir un concurso de ingreso al Poder Judicial, con el objetivo de dotarlo de más personal y completar el mapa judicial. También hay escasez de recursos humanos a nivel de los órganos de la Administración de Justicia y se reconoce que el capital humano es la piedra angular del proceso de evolución del Sistema de Justicia.
En general, los magistrados han demostrado en el ejercicio de sus funciones la reserva necesaria, el respeto a su condición jurídica y la preservación de su dignidad personal, dando prueba de compromiso y profesionalismo, discutiendo la problemática del Poder Judicial en los Órganos competentes.
Para el Año Judicial que comienza, continuaremos trabajando en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad, contra el narcotráfico y el tráfico de personas, la inmigración ilegal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y las armas de destrucción en masa.
En materia de lucha contra la corrupción e impunidad, el país viene dando pasos valientes desde fines de 2017, investigando, procesando y condenando a funcionarios o exfuncionarios de todos los rangos, desde el nivel municipal, provincial y del propio ejecutivo central, la Asamblea Nacional y empresas públicas, con la imparcialidad necesaria para el éxito de esta causa.
Los órganos de Justicia en general han sido incansables , a pesar de cierta falta de experiencia y condiciones laborales que no siempre son las mejores. Sin embargo, fuerzas internas y externas vinculadas a las que más causaron estragos en el erario público, organizan campañas para denigrar y desacreditar a la Justicia angoleña y al Estado angoleño en general, incluso con tantos ejemplos concretos de imputados, imputados y algunos ya condenados, en una verdadera demostración del compromiso del Estado y las instituciones de Justicia de Angola en la lucha contra la corrupción.
En defensa de los intereses de quienes ven su castillo desmoronarse inexorablemente, buscan revertir la situación fuera de los tribunales, como si aún fuera posible. Pretenden ser ellos los que comanden la actuación de la Justicia angoleña que involucre al Jefe de Estado, hasta el punto de determinar quiénes deben ser imputados. Es evidente que esto está condenado desde el principio al fracaso. Para que la Justicia angoleña cumpla con su papel, el Jefe de Estado no interferirá en la acción de la Justicia en violación de la Constitución, como pretenden hacerlo.
En otro aspecto, los órganos de Justicia deben prestar especial atención y actuar con celeridad y rigor, frente a un nuevo tipo de delito que tiende a ensancharse y agravarse, el vandalismo, la destrucción y el robo de bienes públicos puestos al servicio de la comunidad.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que los autores de este nuevo tipo de delitos han sido juzgados y condenados de manera ejemplar. Hasta que esto suceda con bastante frecuencia, estaremos impulsando el crecimiento de este tipo de delitos.
En esta perspectiva, es importante que se mejoren, a saber: la organización administrativa judicial; gestión judicial; la gestión de recursos humanos e infraestructura; la implementación de la solución informática para los tribunales; la extensión del patrocinio judicial a la población más desfavorecida; la creación de las condiciones para la pronta apertura de los demás Tribunales, prevista en el ámbito de la reforma judicial en curso.
Señoras y señores El país está trabajando arduamente para crear un buen entorno empresarial que atraiga la inversión privada. Una de las partes fundamentales de este nuevo entorno empresarial es, sin duda, una Justicia más independiente, más creíble, más eficaz y eficiente. Por último, les pido que afrontemos los desafíos que seguirán interponiéndose en nuestro camino. Que cada magistrado, abogado, agente u oficial de la Policía Criminal y de los Cuerpos de Orden Público, el Oficial de Justicia o el funcioario de Justicia, sea capaz de cumplir con celo el rol que se le asigna.
Muchas gracias por la atención.
¡Declaro abierto el Año Judicial 2021!