Mesa del presídium con los ministros de las Relaciones Exteriores, Interior y Justicia y Derechos Humanos respectivamente Georges Chicoty, Ângelo da Veiga Tavares y Rui Mangueira, durante el encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, en Luanda.
30 DE JUNIO DE 2015
Diplomáticos informados de los casos entregados a la justicia
El ministro del Interior, Ângelo Tavares, aseguró el lunes en Luanda que el dossier sobre los 15 individuos angoleños detenidos por acusación de la Fiscalía General de la República de sospecha de crimen por revuelta, se está tratando con bastante serenidad, lisura y con respeto por el principio de presunción de inocencia.
El grupo detenido y en prisión preventiva está acusado de llevar a cabo clases con objetivo de formar formadores para mover a la población de Luanda para la insurrección y desobediencia colectiva. Ângelo Tavares dijo haber sido ese el mensaje transmitido al cuerpo diplomático acreditado en el país, durante el encuentro realizado el martes en la sede del Ministerio de las Relaciones Exteriores.
“Buscamos dar al cuerpo diplomático una nota general sobre la naturaleza del proceso y aclarar algunas dudas. Se pusieron algunas preguntas sobre la mesa y nosotros buscamos aclararlas. Consideramos que el encuentro fue bastante fructífero”, afirmó el ministro, destacando que durante las aclaraciones se intentó dar una nota más o menos general, para no violar el decreto de la justicia.
“Pretendíamos transmitir que el dossier se está tratando con serenidad, lisura y con respecto por el principio de la presunción de inocencia. Los embajadores se mostraron bastante satisfechos con la información que se presentó”, destacó el ministro del Interior.
Cuerpo diplomático durante el encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, en Luanda
El encuentro estuvo dirigido por el jefe de la diplomacia angoleña, Georges Chikoti, y contó también con la presencia de los ministros del Interior, Ângelo Tavares, y de Justivia y de los Derechos Humanos, Rui Mangueira, además del director del Servicio de Investigación Criminal (SIC), Eugénio Alexandre.
La Fiscalía General de la República (PGR) emitió, la semana pasada, un comunicado en el que aclaraba a la sociedad angoleña los motivos de la detención de los 15 individuos de nacionalidad angoleña.
En el documento, la Fiscalía General decía que el grupo de individuos fue detenido tras una denuncia escrita presentada en el Servicio de Investigación Criminal (SIC) del Ministerio del Interior, tomando conocimiento de la realización de encuentros de un grupo de personas que se reunían los sábados por la tarde, desde el día 16 de mayo, en una sala adaptada para dar clases, en una residencia situada en un barrio de Luanda.
La Fiscalía General de la República, también necesitaba que la clases tuvieran como objetivo formar a formadores para mover al pueblo de Luanda a una insurrección desobediencia coletvia, con la colocación de barricadas en las principales arterias de la ciudad capital así como quemar ruedas en locales donde hubiese mayor afluencia de ciudadanos extranjeros, como en el Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro.
Según el ministro, se ha mantenido a parte un encuentro con la embajadora de los Estados Unidos en Angola, Helen La Lime, en el cual las autoridades angoleñas intentaban “aclarar algunas de las cuestiones que viene viviendo el pueblo”.
“Fue un encuentro bastante productivo, en el que, por lo menos, se nos reiteró que por parte de los EE.UU, su informe no hablaba de asesinato de opositores y otras cosas que se publicaron por algunas redes sociales y alguna información generalista”, explicó el ministro, en una referencia al informe del Departamento de Estado norteamericano sobre los Derechos Humanos.
De acuerdo con Ângelo Veiga Tavares, Helena La Lime entendió las aclaraciones sobre el proceso en la justicia debido a una queja por difamación de oficiales generales de las Fuerzas Armadas contra Rafael Marques. En un libro titulado “Diamantes de Sangre”, este empelado de la Open Society, del multimillonario Georges Soros, hace acusaciones graves de la violación de los derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos de trabajadores de la extracción minera en la región de las Lundas. El tribunal condenó al autor del libro a seis meses de prisión, con pena suspendida.
