18 DE JUNIO DE 2015
Endiama exige una indemnización de más de 5.000 millones de euros al Estado portugués
La Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) exige al Estado portugués y a dos empresas públicas nacionales una indemnización de 5.321 millones de euros, en una disputa que enfrenta a la concesionaria angoleña con la portuguesa SPE.
Se trata de una denuncia formalizada este mes ante el Tribunal Provincial de Luanda por la concesionaria de la actividad diamantífera en Angola, responsabilizando a la estatal Sociedad Portuguesa de Emprendimientos (SPE) de la quiebra técnica y financiera de la Sociedad Minera de Lucapa, en el interior norte del país, y en la que se exige ser compensada por los daños.
Además del Estado portugués (por tutelar la empresa) y de SPE, Parpública, que posee el 81% del capital social de la SPE, es objeto de reclamación, el equivalente a 5.200 millones de euros, alegando Endiama que no se movilizó la inversión necesaria para el proyecto de esa exploración diamantífera ni se pusieron a disposición de la misma los conocimientos, la tecnología y la formación del personal angoleño, por lo que se exige indemnizar a los cerca de 1.200 trabajadores (a fecha de 2011) de la mina.
En el origen de este caso está el litigio anterior que enfrenta a SPE con Endiama por haber avanzado ésta en noviembre de 2011 con el cierre de la exploración diamantífera de Lucapa, alegando el incumplimiento contractual de la empresa portuguesa, que ostentaba el 49% de la sociedad que explora la mina.
El restante 51% pertenece a Endiama, que el 6 de diciembre de 2011 anunció que pasaba los derechos de exploración anteriormente atribuidos a SPE a la Sociedad Minera Kassypal, una unidad del holding angoleño Grupo António Mosquito.
En el proceso ahora iniciado contra SPE –que coloca a las dos empresas públicas con procedimientos judiciales y reclamaciones de indemnización sobre la misma materia- , Endiama señala que fue la parte portuguesa la que llevó a la paralización de la Sociedad Minera de Lucapa, por la falta de inversión, que supuso (hasta 2011) huelgas constantes, operar con equipamientos obsoletos, agotar las reservas de diamantes y acumular deudas que rondan los 79 millones de euros.
