El vice-Presidente de la República, Manuel Domingos Vicente, discursa en el aniversario del Ministerio del Interior, el 22 de junio, fundado hace 35 años, Luanda, Angola.

23 DE JUNIO DE 2014

Combatir la criminalidad con políticas de inclusión

El Vice-Presidente de la República, Manuel Vicente, defendió el domingo en Luanda la identificación de las “causas profundas” que son la base de la criminalidad que se viene registrando en los últimos tiempos.

Manuel Vicente hablaba en la ceremonia de cierre de las jornadas conmemorativas del aniversario del Ministerio del Interior en el Instituto Superior de Ciencias Policiales, “Osvaldo Serra Van-Dúnem”, y pidió más inclusión social, reducción de las asimetrías entre la ciudad y el campo y una mayor oferta de puestos de trabajo.

Entre los factores que influyen al aumento de la criminalidad, se encuentran el modo de estructuración y organización de las ciudades, aldeas, barrios y poblaciones del país y la escasez de infraestructuras básicas, indicó. Para superar esta situación, el Ejecutivo desarrolla políticas y programas de combate a la pobreza para la juventud, mujer rural y todos los segmentos más vulnerables y desfavorecidos de la población.

Los órganos de defensa y seguridad deben “ser capaces de combatir, por vía de la prevención y de la adecuada represión la criminalidad, particularmente la violencia que se manifiesta en los principales centros urbanos, para garantizar un ambiente de seguridad pública y tranquilidad a los ciudadanos”.

Los métodos y mecanismos que conduzcan a una investigación criminal célere y creíble y con una instrucción procesual adecuada a las exigencias judiciales deben ser eficaces.

El principal desafío del Ministerio del Interior y también garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos constitucionalmente consagrados, la seguridad, orden y tranquilidad públicas, recordó el Vice-Presidente de la República. “Combatir la siniestralidad en las carreteras, con primicia para las acciones de prevención, garantizar la inclusión, con dignidad, de los ciudadanos condenados o sujetos a medidas de privación de la libertad impuestas por los órganos judiciales, su reeducación y resocialización son otros desafíos de la institución”.

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