2 DE MARZO DE 2015
El Gobierno quiere llevar electricidad a 14 millones de personas hasta 2025
El Gobierno pretende duplicar, en los próximos diez años, la población de acceso a la electricidad en el país, que actualmente ronda el 30%, equivalente a cerca de 7,2 millones de personas.
El objetivo se insiere en el proyecto de electrificación rural de Angola y fue transmitido el pasado viernes, por el ministro de Energía y Aguas, João Baptista Borges, al final de la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la propuesta de alteración de la Ley General de Electricidad.
“La tasa de electricidad del país debe, hasta 2025, duplicar, o sea pasar del actual 30% para el 60%. Para eso es necesario que se promueva la electrificación en el medio rural y ese fondo de electricidad rural es uno de los instrumentos que va a atender a ese deseo”, explicó el ministro.
Angola cuenta con una población de 24,3 millones de personas, y cerca de 6,5 millones están concentradas en la provincia de Luanda. En la reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, fue aprobada la propuesta de alteración de la Ley General de electricidad, reformulando las disposiciones sobre la competencia de todos los órganos públicos directamente incluidos en el proceso de producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.
La defensa de los consumidores es otro de los objetivos establecidos por la nueva legislación, enfatizó el ministro angoleño. “Pretendemos, en esta ley, introducir artículos que claramente también defiendan a los consumidores y obliguen a las concesionarias (del sector eléctrico), en el caso de responsabilidad, a que asuman la cobertura de los prejuicios para con sus clientes”, dijo João Baptista Borges.
Los principios para el establecimiento de las tarifas y del suministro de electricidad a las poblaciones, así como permitir una “mayor proactividad” de la entidad reguladora del sector eléctrico en la defensa del consumidor, del Estado y de la prestación de un servicio público “de calidad”, son objetivos establecidos por la nueva legislación, destacó el ministro.