El vice-Presidente de la República, Manuel Domingos Vicente (centro), durante la ceremonia de apertura de la conferencia sobre la seguridad marítima y energética en Luanda
13 de OCTUBRE DE 2015
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La Declaración de Luanda sobre Seguridad Marítima y Energética, aprobada el pasado viernes, 9 de octubre, orienta a los Estados a crear acuerdos coordinados y complementarios a nivel regional e internacional, incluyendo la asistencia técnica y entrenamiento en ejercicios conjuntos.
El documento, aprobado por más de 300 delegados de la Conferencia Internacional sobre Seguridad Marítima y Energética, promovida por el Gobierno angoleño, hace también un llamamiento a los Estados para que creen un Comité de Seguridad Marítima Nacional, liderado por un punto focal, para coordinar las estructuras responsables por la definición de estrategias y ejecución de medidas sobre la seguridad marítima y energética.
Los Estados también deben promover políticas nacionales de protección ambiental contra la contaminación marítima y a favor de una gestión sostenible de los recursos energéticos, además de esforzarse en compartir información intra y entre gobiernos y el sector privado.
Además de estos principios para establecer con éxito las estrategias sobre seguridad marítima y energética, la Declaración de Luanda integra aspectos relacionados al papel y responsabilidades de los socios internacionales en la seguridad de bienes comunes globales marítimos y sobre los esfuerzos africanos para promover la estabilidad y desarrollo a través de la seguridad marítima y energética.
En un comunicado final, los delegados destacaron las tensiones que enfrentan a los países ribereños, en concreto, la pesca ilegal, piratería, terrorismo marítimo, tráfico de seres humanos, contaminación ambiental, inmigración ilegal, narcotráfico y blanqueo de capitales a través de las fronteras marítimas. Reconocieron que el Golfo de Guinea representa un área de gran interés económico y político para el continente africano, por lo que hay necesidad de desarrollar una plataforma de seguridad marítima, para mantener el desarrollo sostenible y el crecimiento de esta región.
Vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente
Del mismo modo, consideran necesario el compromiso coordinado de todos los actores para encontrar una solución duradera para la paz, seguridad y estabilidad en la región del Golfo de Guinea, con parte de las sinergias indispensables al uso pacífico y sostenible de los océanos en general y del Atlántico Sur en particular.
Los delegados felicitaron al Gobierno angoleño por la realización de la Conferencia y animaron a continuar con las iniciativas del género y a liderar el proceso de establecer instituciones o mecanismos funcionales, dedicados al estudio, investigación y acompañar cuetiones relacionadas con el mar.
El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, que cerró la Conferencia, hizo un llamamiento a los Estados para que adoptasen normas que criminalicen los actos de la piratería y asaltos a mano armada en el mar, el tráfico de seres humanos, la inmigración ilegal, la contaminación marítima, la pesca ilegal, el terrorismo marítimo su financiación, el blanqueo de capitales y la toma de rehenes, así como la participación de una forma más activa en los mecanismos de cooperación internacional.
La Conferencia, la abrió el vice-presidente de la República, Manuel Vicente, que consideró la seguridad marítima y energética un elemento fundamental para el desarrollo económico de África, sobre todo frente a los retos y oportunidades de la globalización.
Manuel Vicente, afirmó que los Estados africanos están obligados a prestar mayor atención a sus recursos marítimos, teniendo en cuenta la importancia creciente de este tipo economía, impulsada por la innovación.
“Nuestros Gobiernos deben mantener la estructura, la función de los ecosistemas y desarrollar acciones, no sólo de apoyo a la investigación marina, sino también de capacitación de sus recursos humanos, para incrementar potenciales susceptibles de apoyar el uso sostenible de los océanos”, defendió.
Otro problema que merece especial atención por parte de los Estados, señaló, son las descargas ilegales, contaminación, degradación ambiental y la deficiente protección de infraestructuras portuarias y petrolíferas que constituyen, también, retos a la seguridad marítima y energética y requieren respuestas regionales e internacionales complementarias, para garantizar la estabilidad y el desarrollo.
