15 DE MARZO DE 2018

AÑO JUDICIAL: El Gobierno se compromete a luchar contra la corrupción y la impunidad

João Manuel Lourenço durante el acto en el Palacio de la Justicia, en Luanda.

Bajo el lema "Por la dignificación del poder judicial y por una justicia independiente, imparcial y rápida", el presidente de Angola, João Lourenço, ha inaugurado el inicio del año judicial 2018.

Lourenço ha asegurado que, tal y como prometió al inicio de su legislatura, se compromete a luchar contra la corrupción, el nepotismo y la impunidad, así como a contribuir a moralizar el sistema social, político y económico en el país.

El jefe del Ejecutivo angoleño ha afirmado que la corrupción y la impunidad "han causado mucho daño al pueblo angoleño y han contribuido a agravar la imagen de Angola en el exterior". Asimismo, Lourenço ha subrayado que “si la justicia es rápida, imparcial y eficaz, el mercado nacional podría ser más competitivo para la atracción de la inversión privada y extranjera”

JUSTICIA PARA TODOS

Durante el acto de inauguración del año judicial, João Lourenço se ha comprometido a "garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica, para que sus derechos sean plenamente respetados y defendidos".

El Gobierno angoleño ha incrementado el presupuesto en materia de justicia para el 2018 respecto al año anterior “para luchar contra el blanqueo de dinero y contra el tráfico de drogas, así como para combatir los crímenes violentos de todo tipo; pero sobre todo, para luchar contra la corrupción, porque es el peor mal del Angola tras la guerra".

COMPROMISOS

Entre las medidas puestas en marcha durante este año, destaca la propuesta de la Ley de Repatriación de Recursos Financieros Domiciliados en el Exterior, aplicable al capital que haya salido de Angola "sin respetar las normas y reglas vigentes". Esta ley pretende poner fin a los monopolios, promover y defender la libre iniciativa, la competitividad y la competencia leal.

Durante el pasado año, el Gobierno dio luz verde a la propuesta de crear un Código Penal, basado en el contenido que dictamine la sentencia del Tribunal Constitucional y con las recomendaciones de las comisiones del parlamento. De esta manera, Angola contará por primera vez en la historia con su propio Código Penal, en sustitución al actual Código Secular de 1886.