17 DE AGOSTO DE 2017

JUEGOS DE FORTUNA Y AZAR: El Gobierno de Angola creará una entidad público-privada para gestionar la lotería

El Gobierno aprueba la creación de una entidad de interés público, participada en un 45% por el Estado, para gestionar, en consorcio con inversores privados, el nuevo modelo de concesión de juegos sociales (la lotería, el totoloto, el rasca y el angomillones).

La Estrategia de Captación del Mercado de Juegos Sociales, documento aprobado por el Gobierno a finales de junio, admite que el marco económico y social angoleño "impone la intensificación del proceso de diversificación de las fuentes de financiamiento del Estado", entre los que se encuentran los ingresos generados por los juegos de fortuna y azar.

La Empresa Nacional de Loterías de Angola, entidad que era responsable de la fiscalización de la actividad de juegos sociales, fue extinguida en 2014, sustituida por el Instituto de Supervisión de Juegos como "única entidad en Angola con competencias en materia de juegos".

Con este nuevo paso del Gobierno, se abre la puerta a la creación de un consorcio que gestione los juegos sociales, desde la lotería (nacional e instantánea), al loto, totobola, totoloto, totogolo, rasca, pasando por las apuestas hípicas y el "angomillones".

LIBERALIZACIÓN CONDICIONADA

La estrategia del Gobierno angoleño prevé que, en la fase inicial de operación, la entidad de interés público reserve el 45% de su capital social al propio Estado, y el 55% restante se reparta entre las entidades privadas.

Tendrán preferencia las mejores propuestas, que aseguren la viabilidad de ese negocio con disponibilidad financiera de cobertura de la inversión inicial, idoneidad y la aptitud técnica, siguiendo las buenas prácticas internacionales.

Las empresas privadas que integren el consorcio tienen que contar con al menos el 51% de capital social angoleño, y se establecerá un período de concesión de los juegos sociales de entre cinco y diez años, "renovables y dependientes de los intereses del Estado".

Los resultados netos de la explotación de los juegos sociales deben financiar proyectos comunitarios y políticas del Estado (50%), constituir un Fondo Especial del Juego (15%), Consorcio (25%) y Supervisión de los Juegos (10%).