19 DE ABRIL DE 2016
Parlamento prepara próximas sesiones
Los presidentes de los grupos parlamentarios establecieron para el jueves, 21 de abril, la aprobación final global de las Leyes de Contratación Pública, de la Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Habitantes y la Comunicación de Fijación y Alteración de Residencia de los Ciudadanos.
La Ley sobre Comunicación de la Fijación y Alteración de Residencia de los Ciudadanos va a regular el derecho de libre circulación y residencia en el territorio nacional por los ciudadanos nacionales y extranjeros.
El diploma consagra los procedimientos para el registro de la movilidad de los ciudadanos nacionales, juntos a los órganos y servicios de la Administración Pública del Estado, Administración Autárquica y Autoridades Tradicionales.
La propuesta destaca la falta de registro o actualización de la movilidad condiciona el acceso a los servicios médicos del Servicio Nacional de Salud, agua, luz, emisión de atestados de estado civil, económico y de residencia, limitación de los beneficios de subvención de salud, excepto en casos graves.
El diploma limita también el acceso a los beneficios municipales, destacando los programas de viviendas, impidiendo de concesión de residencia fiscal, limitación al acceso a la enseñanza pública en general y a las becas.
La Propuesta Ley de Codificación de las Circunscripciones Territoriales tiene como objetivo la armonización de la codificación de las provincias, municipios, distritos urbanos y comunas. La propuesta Ley visa definir de forma clara las normas para implementar una metodología sobre el régimen de la codificación nacional, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico.
La Ley de Contratación Pública va a modernizar y simplificar los procedimientos de contratación pública, incorporando el régimen de ejecución de los contratos referentes a proyectos y bienes y servicios, dos contractos referentes, va la aprobación también a lo largo de la semana.
El diploma refuerza los instrumentos para la racionalización, reducción y control de los gastos públicos, además de aclarar a los operadores públicos y privados el ambiente más fácil y uniforme para la contratación pública, asegurando la prevalencia de los principios de la persecución del interés público, de la igualdad, competencia, transparencia, eficiencia y eficacia.
En la propuesta de Ley se simplifican las acciones de fiscalización y auditoria desencadenadas por las entidades competentes, en la medida en la que el marco legal es más claro y objetivo. El legislador pretende, con el documento, salvaguardar los principios fundamentales que rigen la actividad administrativa, como la transparencia, competencia y el interés público y adquisitivo.