20 DE ABRIL DE 2017

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Tras dos décadas de reformas, las instituciones angoleñas cumplen los criterios de la OCDE

Presentación del libro sobre las reformas administrativas llevadas a cabo en Angola

Un estudio realizado por la Escuela Nacional de la Administración (ENAD) afirma que Angola ya está dentro de los criterios exigidos por la OCDE. El estudio se basa en la relación entre el número de funcionarios, la población y el producto interior bruto (PIB) del país.

Los datos se han recogido en un libro, que describe el proceso de reformas administrativas que se han aplicado durante más de dos décadas en Angola. Un conjunto de proyectos, medidas y acciones que son de interés ciudadano, pero que también sirven a agentes económicos, sociales e instituciones.

El estudio ha sido presentado en Luanda por el ministro de la Administración Pública, Empleo y Seguridad Social, Pitra Neto, durante el seminario sobre el “Balance de los 25 años del Programa de Reforma Administrativa 1991-2016”, que se ha celebrado en la capital.

EL AUMENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO ES SUFICIENTE

En términos numéricos, en 1990 estaban al servicio de la Administración del Estado de Angola 131.178 funcionarios. De 1990 a 1998, este número aumentó a 195.786. En 2002, el personal registrado era de 200.621. En diciembre de 2016, el número de empleados y agentes administrativos contratados por el Estado era de 360.381.

Pero el aumento del número de funcionario no es suficiente para afrontar los retos y necesidades actuales de las administraciones públicas de Angola, que están inmersas en un contexto de “nuevo país”. Ahora es necesario revitalizar y mejorar las medidas de reforma y profundizar en la modernización administrativa, según el informe.

El Programa de Reforma Administrativa (PREA) surgió de la necesidad de sistematizar y desarrollar un plan para traducir la reforma institucional de la modernización política y administrativa. Con él se pretende mejorar la gobernabilidad del Estado y su capacidad administrativa, y fortalecer los mecanismos que favorecen la participación de la sociedad civil.