20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Entra en vigor la nueva Ley de Derecho de Contratación Pública

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación Pública, aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, se deroga la antigua legislación.

El documento, que aboga por la racionalización, reducción y control del gasto público, tiene como principal objetivo modernizar y simplificar los procedimientos de contratación pública. Como novedad, presenta una consagración expresa del procedimiento de contratación simplificada para las adquisiciones de bajo valor, así como a los materiales de las situaciones que justifican la adopción de un procedimiento no competitivo.

"La propuesta de eliminar la fase de clasificación de la oferta pública, clarificando la diferencia entre este procedimiento y el procedimiento restringido con precalificación, así como la supresión del procedimiento de negociación, consagra la capacidad de la entidad pública contratante de insertar en cualquier procedimiento de contratación pública una fase de negociación de las propuestas”, defendió el titular de la carpeta de Finanzas, durante el examen y discusión del documento en la sede parlamentaria.

El nuevo instrumento legal también eliminará el procedimiento especial denominado "Sistemas de adquisición dinámica electrónica", teniendo en cuenta que en la práctica, tanto nacional como internacional, su utilidad es casi nula.

Aspectos tales como la eliminación del procedimiento especial para la adquisición de servicios de consultoría y el establecimiento de un nuevo sistema dedicado a los acuerdos-marco como instrumentos especiales de contratación han sido considerados por el legislador, en la aplicación de la ley que incorpora también el régimen de ejecución de los contratos relacionados con obras, bienes y servicios.

Cabe destacar que la Oficina Nacional de Contratación Pública, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, procedió a elaborar un conjunto de reglamentos relacionados con la Ley de Contratación Pública, y ha realizado también la auditoría de las instituciones públicas, con el apoyo de la Inspección General.