Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Angola, Rui Mangueira

24 DE MAYO DE 2016

La revisión del Código Penal hace las penas más duras

Asistentes a la presentación

El proyecto del Código Penal establece un máximo de 25 años de duración para las penas de prisión, pudiendo llegar a los 30 en caso de reincidencia y del concurso de crímenes o por resultado de prorrogación de la pena, explicó el lunes en Luanda el ministro de Justicia y de los Derechos Humanos de Angola.

Rui Mangueira, que discursaba en la ceremonia de presentación de los resultados del trabajo de 10 años realizado por la comisión técnica de reforma de la Justicia y del Derecho, aclaró que las penas de prisión pasar a tener una duración mínima de 3 meses.

El diploma va se va a someter a la apreciación del Consejo de Ministros, para después aprobarlo en la Asamblea Nacional. Rui Mangueira aclaró que el trabajo aún no está acabado, razón por la cual la institución solicita la contribución de especialistas, para mejorar y enriquecer el anteproyecto.

La imputabilidad penal se mantiene a partir de los 16 años. Según el ministro, la edad penal no sufre reducción debido a los criterios que pasan por un conjunto de condiciones que el Estado ya creó de modo a reintegrar socialmente todos los individuos con menos de 16 años.

“Dar un paso contrario traería consecuencias complicadas, pero todas esas cuestiones forman parte del anteproyecto”, dijo, añadiendo que la descriminalización del aborto también se mantiene.

Este anteproyecto lo ha asumido el Ejecutivo, en sede de los instrumentos rectores de la política gubernamental nacional, destacando el Programa de Gobierno del Ejecutivo para el periodo 2012-2017 y para el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La reforma, según el ministro, visa garantizar una política criminal y de reforma de la justicia penal que contemple respuestas a la gran, media y pequeña delincuencia, al combate a la corrupción, a las drogas, a la delincuencia organizada y económico-financiera, así como a la institución y refuerzo del sistema de justicia al servicio de los derechos humanos.

La propuesta, reforma completamente el sistema y la escala de pena de los artículos 55º, 56º y 57º del Código Penal de 1886, eliminando la distinción entre penas mayores y penas correccionales. En función de eso, instituye como penas principales, la pena de prisión y la multa, aplicada en alternativa, eliminando el recurso las penalidades mixtas (dos o más penas).

El ministro aclaró que el concurso de crimen permanente es punido con una única pena. El objetivo es superar los innumerables problemas que el sistema de cúmulo jurídico representaba a quien aplicaba el Derecho Penal, en particular a los jueces. Otra innovación es la aplicación de reglas del concurso a las penas de multa. “De esta forma tendremos un cuadro único de penas de presión y de multas, con las mismas reglas”, dijo el ministro.

También destacó la gran evolución de la legislación penal imprecisa, así como la neocriminalización de comportamientos en función de la realidad jurídico-penal. La propuesta, en la línea de los códigos modernos, introduce crímenes contra las personas, crímenes contra la familia, contra la fe pública, crímenes contra la seguridad colectiva, crímenes contra la paz y la comunidad internacional, crímenes contra el patrimonio, crímenes informáticos y crímenes contra el consumidor y mercado.

El anteproyecto tiene como prioridad las preocupaciones de la sociedad. “Es primordial que persista este intercambio técnico y de otra naturaleza, para asegurar la consolidación de este diploma en esta fase de conclusión”, considera el ministro.

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